La morosidad de la Administración pública: adeudan 15.000 millones a los autónomos

Con datos de cierre de 31 de julio, así está la preocupante situación de mora entre trabajadores por cuenta propia y Administraciones públicas: estas deben 14.983 millones de euros, con una demora media de 178 días y Cataluña, Andalucía, Valencia y Madrid como comunidades más  deudoras de España. Así lo ha denunciado la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), que apunta a los ayuntamientos como los peores pagadores, representando un 80% del total de la deuda.

Los que más tardan en pagar son las entidades locales, con la citada media de 296 días, seguidas de las comunidades autónomos, con una
tardanza de 151 días, y la Administración central, que está saldando cuentas en 87 días. Unos y otros datos sitúan la media de pago en el sector público en 178 días, apunta ATA. Estos datos no hacen sino refrendar una realidad que no por conocida es menos preocupantes: pymes y autónomos se ven obligados a echar el cierre a sus negocios y/o cesar su actividad por la necesidad de circulante, dinero que procede de esas deudas no saldadas por parte de la Administración.

La solución podría ?debería- ir por la concesión de la nueva línea ICO Morosidad puesta en marcha en junio y de la que hablamos en Muy Pymes
y así lo ha reclamado Lorenzo Amor, presidente de esta organización. Estos créditos pueden solicitarlo tanto ayuntamientos como otras entidades locales y tienen un plazo de hasta tres años para devolverlo. Se salvaría así la situación de no pocos profesionales y empresarios que están pasando una complicada situación.

En opinión de ATA, las cuentas son claras: ?se deben alrededor de 12.000 millones a estos trabajadores y la línea ICO de la que hablamos está dotada con 3.400 millones de euros?. Incidieron así en que la morosidad de las Administraciones Públicas se ha convertido en el principal foco de destrucción de empleo de autónomos y microempresas. Según sus datos, 260.000 pequeños negocios se han visto obligados a cerrar como consecuencia de la falta de pago en el sector público y privado.